Millones de niños en el mundo trabajan en condiciones que son un obstáculo para su educación, su desarrollo y su porvenir.
El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. (OIT 1999). Así pues, se alude al trabajo que: es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño; e interfiere con su escolarización puesto que les priva de la posibilidad de asistir a clases; les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo.
De esta definición puede distinguirse tres categorías de trabajo infantil, según el grado de vulneración de sus derechos, lo que condiciona el tipo de respuesta de las políticas públicas:
1. El trabajo en el que el daño a la integridad física y psíquica al niño o niña es extremo, por lo que se requiere una urgente separación de su trabajo y el ingreso a programas reparatorios y de reintegración familiar y comunitario.
2. El trabajo en el cual se vulneran los derechos tales como: el acceso a la educación, la salud integral, la recreación y que requieren de un proceso de apoyo a los niños y niñas para prevenir dichas vulneraciones a través de la búsqueda de alternativas mejores y más protegidas de trabajo.
3. El trabajo en que no se violan derechos y que incluso en contextos específicos, pueden contribuir a su realización y que por lo tanto puede ser alentado.
El trabajo infantil y adolescente aceptable es el que se realiza cumpliendo la ley, por parte de adolescentes de 15 años y más, trabajo liviano o de pocas horas, que pueden realizar de manera protegida, los niños entre 12 y 14 años un trabajo que no afecte su salud, ni su desarrollo personal, ni interfiera en su escolarización (OIT ministerio del trabajo, 2004)
Existen elementos culturales y sociales, como la situación de pobreza, recurriéndose al trabajo infantil como estrategia de sobrevivencia (padres ausentes o cesantes, madres enfermas o cuidando de hermanos más pequeños, madres con trabajos precarios).
El año 2000, nuestro país ratificó el Convenio Nº 182 de la OIT referido específicamente a la erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (PFTI), tales como: la explotación sexual comercial, la utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades ilícitas y prácticas asociadas a la esclavitud; los trabajos peligrosos por su naturaleza y los trabajos peligrosos por sus condiciones.
En el mundo 246 millones de niños y adolescentes entre 5 y 17 realizan una actividad laboral, de los cuales 180 millones de ellos lo hacen en las peores formas. En nuestro país En Chile, más de 240 mil niños y niñas trabajan y miles de ellos son explotados sexualmente y utilizados por adultos para actividades delictuales Esto conlleva a la generación de consecuencias sociales y morales como lo son: la profundización de la desigualdad, viola los derechos humanos fundamentales de la infancia y la adolescencia, acelera los procesos de maduración, impide o limita el adecuado proceso educativo, enfrenta a los niños a un ambiente adulto y a veces hostil, produce pérdida de la autoestima, problemas de adaptación social y traumas; entre otros.
En Chile, el año 2003 El Instituto Nacional de Estadísticas INE aplicó la Encuesta Nacional sobre actividades laborales de niños/as y adolescentes en Chile, la que arrogó conclusiones reveladoras que visibilizan las inequidades sociales y territoriales aún vigentes en nuestro país.
De acuerdo a esta encuesta aplicada el año 2003 y publicada el 2004, “más de 248 mil niños, niñas y adolescentes trabajan en Chile, de los cuales 107 mil entre 5 y 17 años, laboran en condiciones peligrosas en el mercado, es decir no asisten a la escuela, trabajan en la calle y/o en jornadas extensas o nocturnas. Más de 42 mil niños/as realizan labores domésticas (…) y aunque la ley lo prohíbe, más de 36 mil niños/as entre 5 y 11 años trabajan y lo hacen por más de 14 horas diarias…” (1)
Desde el enfoque de género, el porcentaje de niños que trabaja por una remuneración es casi el doble que el de la población femenina (niñas), aquí se visibiliza una carga cultural patriarcal que provoca la división sexual del trabajo, donde la población masculina debe asumir la principal responsabilidad en el mantenimiento de la familia y por otro lado, las niñas deben asumir el trabajo doméstico.
Desde una perspectiva territorial, la tasa de ocupación infantil es mayor en las zonas rurales (8,3%) que en las zonas urbanas (5%). Esto se explica por que la pobreza se concentra mayoritariamente en las zonas rurales, existe menos acceso a los servicios básicos y aún no se satisfacen las condiciones mínimas para asegurar una mejor calidad de vida.
Los niños y adolescentes trabajan especialmente en las ramas de comercio, agricultura y, en tercer lugar, en servicios personales, comunales y sociales. Los niños, niñas y adolescentes que trabajan se desempeñan generalmente como empleados de comercio estable, vendedores ambulantes, callejeros o feriantes. Luego sigue el grupo de agricultores, campesinos, pescadores; jornaleros, obreros y finalmente, ayudantes en construcción, industria o minería.
Desde el punto de vista estadístico y si nos comparamos con otros países, la situación y condición de nuestros niños y niñas no es tan grave, sin embargo desde el Enfoque de Derecho la problemática existe y afecta la vida de niños y niñas, por lo que debemos como sociedad abordar el problema y resolverlo
Erradicar el trabajo infantil es una tarea conjunta de autoridades, instituciones y sociedad civil mediante un proceso de sensibilización e intervención de forma articulada. Cabe señalar, que los gobiernos tienen la responsabilidad primordial de hacer respetar el derecho a la educación de todos los niños y niñas, y de asegurar la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
Es por ello que, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las y los trabajadores, y de la Convención Internacional de los Derechos del Niño/a (CIDN), las instituciones firmantes del presente documento, integrantes de la Red Infanto Juvenil de Arica, queremos hacernos presentes en la denuncia de esta grave problemática que afecta a la población infanto-juvenil. Demandamos de las autoridades pertinentes y de la comunidad ariqueña, la debida fiscalización y el control social para la protección de la Infancia, a fin de terminar con estas malas prácticas (Peores Formas de Trabajo Infantil).
A 19 años de la existencia de la RED, seguiremos alzando nuestras voces de denuncia frente a la vulneraciones de derechos que afecten a nuestros niñas y niños, constituyéndose hoy en un imperativo y un derecho irrenunciable, el poder brindarles protección integral, sustentada en una Política Comunal de Infancia que se encuentra en proceso de co-construcción resolver diversas materias biopsicosociales y ambientales, todas estas materias de gran interés que esperamos contribuyan a su pleno desarrollo armónico.
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